PYMES en la música cubana… ¿ya vienen llegando?

¿Por qué si nuestra legislación civil reconoce la Fundación como figura jurídica, en Cuba apenas existen fundaciones en el sector cultural (donde suelen ser abundantes en otros países) y las pocas que hay fueron todas constituidas en los ’90 del siglo pasado?

¿Por qué ninguna tiene la música como centro? El único caso de una Fundación en la música durante los últimos 50 años fue la Fundación Pablo Milanés, que sucumbió apenas dos años después de su creación. ¿No podrían, por ejemplo, el Liceo Mozartiano, Ojalá Producciones y Ediciones, y la Oficina Leo Brouwer, sustentarse en esa fórmula legal?

¿Por qué, si la legislación cubana admite desde 2013 la existencia de cooperativas no agropecuarias, en el sector de la música no existe ninguna? Algunos proyectos musicales, con una marcada vocación social y de preocupaciones por el bien común y un trabajo basado en ejercicios de gestión colectiva, pudieran gestionarse siguiendo las reglas del cooperativismo. Nuestra revista es un ejemplo, pero se me ocurre que también Guámpara Music y quizás BandEra Studio estarían interesados en esta fórmula de propiedad mancomunada, tan cara al socialismo. Otro colectivo que también pudiese adoptar esta fórmula son los grupos de luthiers que hacen instrumentos musicales artesanalmente. 

¿Qué ventajas reales trajo la creación de las agencias cubanas de rock o de rap sobre una hipotética y legalmente posible autorización, según las leyes cubanas, para constituir una Asociación de Rockeros de Cuba o una Asociación para la Defensa de la Cultura Hip Hop, por poner solamente dos ejemplos?¿No hubiera sido este un camino más natural y menos forzado en el que ambos movimientos —a su propio ritmo, con sus esfuerzos y las ayudas que el Estado quisiera brindarles— hubieran salido fortalecidos en lugar de ser prácticamente desarticulados?

¿No son la proveedora de equipamiento y servicios técnicos a los espectáculos PMM, la productora de eventos Four Wives, o La Rueda Producciones —a medio camino entre dos líneas de trabajo de las mencionadas anteriormente— compañías con todas las características de la pequeña empresa (para los estándares de la macroeconomía), a las que una camisa de fuerza burocrática ha convertido en “proyectos” o “unidades de producción” dentro de instituciones estatales?

¿Fábrica de Arte Cubano —autogestionada en buena medida por X Alfonso, su familia y amigos— no pudiera constituirse en un experimental Centro Cultural de propiedad mixta público-privada, transparentando algunos de sus procesos que quedan hoy bajo la sombra de la sospecha?

Estas preguntas no me acaban de venir a la mente ni son cosas sobre lo que he decidido improvisar alegremente. Le deben bastante a una especie de obsesión que lleva más de una década “comiéndome el coco” y que ha dado lugar —por mencionar solamente una parte de las consecuencias—, a tres años (2010-2012) de talleres en Casa de las Américas con paneles, debates e intercambio de experiencias latinoamericanas sobre nuevos modos de producir y comunicar cultura; al taller Fabricar Arte en Cuba (FAC, 2014) con más de 30 organizaciones invitadas; a cuatro sesiones (una por año, de 2015 a 2018) de pitching de proyectos dentro del evento AM-PM “América por su Música” y a numerosas charlas y discusiones, siempre apasionadas y fructíferas, en otros sitios y contextos como Jornadas Científicas del Isa, el Centro Juan Marinello o ferias y mercados latinoamericanos de la música.Un resumen teórico de estos desvelos puede encontrarse en la publicación del artículo Nuevos Modelos de Gestión Cultural en Cuba, aparecido en el no. 72 de la revista Temas.

Nadie en su sano juicio se atreverá a negar que la producción musical en Cuba es enorme en comparación con su tamaño, población y demás datos demográficos. Algo similar pasa con Puerto Rico. En el caso de nuestra Isla, una fuerte tradición musical que se hace visible a partir de la segunda mitad del siglo XIX tuvo un especial caldo de cultivo en elementos idiosincráticos, geográficos y geopolíticos. Cuba siempre produjo música, en algunas épocas mejor o de más alcance comercial que en otras, y estuvo en la avanzada de lo que ahora se conoce como industria musical en varias oportunidades: con la proliferación de revistas musicales y músicos de vanguardia en toda la primera mitad del siglo XX, con la temprana aparición de la radio a fines de la década de 1920 y la pionera inauguración de la televisión en América Latina en 1950, con la abundancia de pequeños sellos discográficos en los ’40 y ’50 de ese mismo siglo y el abarcador sistema de enseñanza musical con instrucción académica de primer nivel que se estructuró desde 1962 y llega a nuestros días, por solamente citar algunos hitos.

A todo ello es justo añadir, a partir de los ’70, un sistema institucional y unas infraestructuras públicas de protección tanto del proceso de creación musical como del consumo que, aunque alguien pudiera dudarlo, me consta que provocan la envidia sana de muchos músicos de la región, sobre todos de los independientes, que lógicamente constituyen mayoría. 

Pero, a diferencia de la pequeña isla hermana del Caribe, la música cubana no consigue para la mayoría de sus actores y protagonistas la rentabilidad económica que, todo parece indicar, podría generar, y lleva muchos años sin ocupar espacios de relevancia en el contexto no solo internacional, sino también regional. Me atrevería además a afirmar —a ciegas, dada la ausencia de estadísticas fiables— que de cara al mercado interno, los espacios y las plataformas informales o no institucionalizadas de producción, distribución y consumo de música cubana son muchísimo más dinámicos y rentables que los institucionalizados y formalizados y, todo ello, sin tributar adecuadamente a la Onat.

Nada de lo aquí dicho debe entenderse como un llamado al abandono por parte del Estado y el gobierno cubanos de sus políticas culturales, ni a la desprotección de aquellos géneros de naturaleza poco rentable o patrimoniales y mucho menos apunta a dejar al libre albedrío de la oferta y la demanda los precios del consumo cultural. 

Pero en mi modesta opinión, es urgente tanto la adecuación, el redimensionamiento y la redefinición de los actores que conforman el entramado de relaciones en el que la música cubana se produce, promueve, comercializa y consume,como de sus funciones y objetivos. 

Para los tiempos que corren, tenemos demasiadas instituciones y estructuras públicas (estatales) que cargan con mucho más de lo que pueden y saben hacer con costes controlados y eficiencia. Este ecosistema clama a gritos la incorporación, de manera natural, coherente y regulada, de organizaciones más pequeñas y espontáneas, más dinámicas y comprometidas, y sobre todo menos burocráticas y pesadas para el Estado tales como Cooperativas, Asociaciones culturales, Fundaciones y Pequeñas Empresas Privadas en el sector de la música. 

Ahora que se ha concluido el estudio derivado del proyecto Mincult-Onudi-Koica: “Fortalecimiento de la competitividad, desempeño organizacional y capacidad de exportación de la industria musical cubana” no deberíamos esperar demasiado tiempo para acometer sin temor los cambios que se requieren. Puede haber líneas estratégicas para la exportación de nuestra música, pero de nada servirán si siguen intentando realizarlas instituciones estatales dinosáuricas —en tamaño y en movilidad— con catálogos inflados de artistas “profesionales” de los cuales son realmente exportables la minoría. En el mundo, da igual el color de la bandera o el sistema socioeconómico imperante, el sector del management y el booking de artistas se caracteriza por “oficinas” generalmente minúsculas — pueden ser, incluso, un teléfono móvil—, muy dinámicas, con un mánager y dos buenos vendedores trabajando para un promedio de cinco a diez artistas. No hablo obviamente de Live Nation sino de aquellas a las que podríamos de inicio emular y para las que existe talento en Cuba, casi siempre fuera del sector institucional o trabajando directamente con los artistas.

Nuestra legislación no permite aún la Pequeña Empresa Privada, en su lugar está la figura del llamado trabajador por cuenta propia, en cuyo nomenclador expreso se han incorporado recientemente tres que apuntan finalmente a que hay, entre los decisores, quienes piensan que la actividad de mediación cultural tiene futuro en el sector no estatal: operador y/o arrendador de equipos para la producción artística; auxiliar de producción artística; y agentes de selección de elenco (casting).

La música cubana, según hemos pensado siempre y parecen probar todos los análisis, es exportable, pero en ese proceso todas las partes deben poder ganar en la misma medida del esfuerzo de inversión, de talento y tiempo útil que realizan. Y, si resulta rentable, debería poder aportar ingresos por la vía de los impuestos, sobre todo a los proyectos sociales comunes. ¿Por qué no dar espacio a otras formas de propiedad previstas en nuestros lineamientos y leyes, definir su tratamiento impositivo, y regular las relaciones internas de todo el sistema, sin temores desproporcionados? 

Hay tanta música disponible en el mundo, es tan enorme la posibilidad de acceso —internet mediante— a la mayoría de ellas, que podemos afirmar que lo que no se escucha, no existe. La música cubana apenas existe hoy para el mundo. Y los melómanos nos resistimos a tamaño desperdicio.